Así lo indican varios juristas, aludiendo a la Justicia europea, y más tarde el TS, que han considerado que los contribuyentes que cobraron una prestación de forma indebida no tienen que devolverla siempre y cuando se deba a un error de la Administración y hayan actuado de buena fe en su solicitud.

Algo que, en el ámbito del cese de actividad que cobraron durante la pandemia, podría darse en miles de casos. Prueba de ello es que el propio Tribunal de Cuentas, en un análisis publicado el pasado diciembre, afirmó que “la insuficiente e inadecuada” regulación del cese de actividad extraordinario durante la pandemia “provocó numerosas modificaciones normativas, así como la emisión de criterios dispares en la aplicación de la norma cuyo resultado ha provocado una situación de inseguridad jurídica y un tratamiento desigual entre los beneficiarios de esta prestación.”